Ningún venezolano debería ser asesinado por participar en una manifestación contra la violación de los derechos humanos por parte de los entes que irregularmente detenten el poder o de naturaleza reivindicativa, social, escasez de alimentos, gas, gasolina, diésel y medicinas, brutalidad policial y castrense, malos servicios públicos, etc.
El artículo 68 de la Constitución Nacional es claro y preciso al respecto: "Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a manifestar, pacíficamente y sin armas, sin otros requisitos que los que establezca la ley. Se prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas".
No resulta ocioso asegurar que las manifestaciones de los sectores democráticos son pacíficas hasta el momento en que llegan las mal llamadas fuerzas de seguridad a disparar a diestra y siniestra contra los protestantes, al inicio o al final de ellas. Esos funcionarios, pagados con el dinero de todos los venezolanos, muchas veces se retiran del lugar cuando llegan los colectivos del terror a asesinar, a maltratar, a ofender y amenazar a quienes disienten de la narcodictadura. En ocasiones trabajan con esos criminales, pagados también con dinero público, al servicio del régimen y del Partido Socialista Unido de Venezuela.
Entre el 12 de febrero, inicio de las protestas contra la narcodictadura y el 29 de mayo de 2014, fallecieron 43 personas.
Algunos colectivos actuaron violentamente en contra de la oposición sin que las fuerzas del gobierno tomaran medida alguna para impedir esa violencia.
Se denunció el uso de armas de fuego por parte de autoridades para controlar manifestaciones, por estar prohibido por el artículo 68 de la Constitución Nacional, el cual reza: "Se prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas. La ley regulará la actuación de los cuerpos policiales y de seguridad en el control del orden público.
Amnistía Internacional denunció haber recibido reportes del uso de "balas de goma y gas lacrimógeno disparados en forma directa contra los manifestantes a corta distancia y sin advertencia" y que "estas prácticas violan los estándares internacionales y han resultado en la muerte de por lo menos un manifestante.
La organización también expresó preocupación por "el uso de químicos tóxicos en altas concentraciones por parte de fuerzas del gobierno".
Ha privado la impunidad en la mayoría de los asesinatos.
